El presidente de CSIF Huelva, Juan Manuel Quilón, anunció una movilización nacional para el próximo sábado, con autobuses gratuitos para trasladar a los afectados a Madrid.
HUELVA, 12 DE DICIEMBRE 2024.
El sindicato CSIF Huelva ha denunciado la "grave crisis" que afecta al modelo de mutualismo administrativo en España, Muface, alertando sobre su impacto en más de 1,5 millones de empleados públicos y sus familias. En Huelva, esta situación afecta a 17.762 personas.
Movilización del 14 de diciembre
El presidente de CSIF Huelva, Juan Manuel Quilón, acompañado por Manuel Cabaco (Educación) y David Paz (Administración General del Estado - AGE), anunció una movilización nacional para el próximo sábado, con autobuses gratuitos para trasladar a los afectados a Madrid. La protesta, bajo el lema “La sanidad no se toca. Protejamos la sanidad de los funcionarios y sus familias”, busca presionar al Gobierno para renovar el concierto sanitario de Muface antes de su vencimiento el 31 de diciembre.
Una situación crítica
Quilón destacó la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras, que afrontan pérdidas anuales de más de 200 millones de euros, generando problemas como:
Denegación de citas médicas.
Suspensión de cirugías y diagnósticos.
Propuestas de clínicas para que mutualistas paguen tratamientos de su bolsillo.
En Huelva, Asisa asegura a 5.915 mutualistas, Adeslas a 4.255, DKV a 4.035 y el Sistema Nacional de Salud (SNS) atiende a 3.557.
Impacto en funcionarios
Educación: De los 7.868 docentes en Huelva, 68,25% (5.370) son funcionarios acogidos a Muface.
Administración General del Estado (AGE): La provincia cuenta con 1.268 funcionarios, entre ellos 191 en la Agencia Tributaria.
Consecuencias de la desaparición de Muface
CSIF advirtió que la desaparición de Muface incrementaría la presión sobre el sistema público, ya saturado. En Andalucía, el tiempo medio para acceder a un especialista es de 135 días, un 40% superior a la media nacional, y las listas de espera quirúrgicas alcanzan los 169 días.
Acciones previstas
CSIF ha presentado denuncias ante el Defensor del Pueblo, quejas en el Congreso y solicitudes de apoyo en parlamentos autonómicos. Quilón advirtió sobre posibles paros administrativos en 2025 si no se logran soluciones satisfactorias.
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