HUELVA, 31 DE MAYO 2024.
Emilio Gallango Leandro, responsable del Sector de Administración General de la Junta de Andalucía, junto a miembros del sector, se han reunido con el delegado Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Huelva, Pedro Yórquez, para tratar el deterioro de la flota de vehículos utilizados por los técnicos de la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.
En dos escritos con fecha del 14 de marzo de 2024 y otro de 20 de mayo, CSIF ha solicitado la renovación “urgente” de estos vehículos, argumentando que muchos de ellos “no cumplen con las medidas de seguridad obligatorias, carecen de mantenimiento adecuado y su reposición ha sido mínima”. Esta solicitud se fundamenta en una denuncia anterior ante la Inspección de Trabajo, que ya había señalado el grave deterioro de los vehículos destinados a labores de vigilancia en entornos naturales y marítimos y en las carreteras de Andalucía.
Por su parte, el delegado territorial, Pedro Yórquez, se ha comprometido con CSIF a adquirir dos coches nuevos para la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. Mientras se concreta esta compra, Yórquez ha asegurado que se utilizarán de forma provisional dos vehículos que cede la Delegación de Agricultura y una pick-up de otro servicio, con el fin de paliar temporalmente la situación y garantizar la seguridad de los trabajadores.
Riesgos
Desde noviembre de 2022, con la consolidación de la recuperación económica reconocida por la propia Administración y la formación del nuevo gobierno andaluz, CSIF ha insistido en denunciar lo que considera un “inmovilismo” de la Administración ante este problema. El sindicato subraya que el uso de estos vehículos, muchos de los cuales superan los 15 años de servicio y registran más de 600.000 kilómetros, “representa un riesgo significativo para la seguridad de los trabajadores”.
El sindicato CSIF ha recordado que la Junta de Andalucía está incumpliendo su propia normativa respecto a la renovación de la flota de vehículos, según la Instrucción de la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública de 8 de septiembre de 2010. Esta normativa, que modifica la de 8 de mayo de 2008, establece los criterios de antigüedad y kilometraje para la sustitución de vehículos de representación y servicios generales de la administración autonómica.
Según la normativa, los turismos y vehículos todoterrenos deben ser reemplazados cuando alcancen una antigüedad de 6 años o superen los 300.000 kilómetros. No obstante, CSIF ha denunciado que estos criterios no se están aplicando en la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en la provincia de Huelva.
El sindicato ha constatado que, actualmente, 44 vehículos de esta delegación superan los 6 años de antigüedad y 10 vehículos han sobrepasado los 300.000 kilómetros. Esta situación, según CSIF, no solo pone en riesgo la integridad física de los usuarios de estos vehículos, sino que también supone un elevado coste de mantenimiento debido a las numerosas averías que presentan. Además, el problema se agrava porque estos vehículos operan mayoritariamente en zonas rurales o de montaña, con pavimentos irregulares que aumentan el desgaste y los riesgos asociados.
El sindicato CSIF ha criticado duramente a la Administración por su incapacidad de dotar de vehículos adecuados a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva, a pesar de disponer de medios y dotaciones suficientes para otras delegaciones y otras provincias. Esta situación pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, quienes diariamente se enfrentan a peligros considerables debido al mal estado de la flota actual.
CSIF considera “incomprensible” que la solución a este problema, que afecta directamente a la integridad física de los empleados de Huelva, no haya sido una prioridad para la Administración andaluza. Los vehículos disponibles superan los 6 años de antigüedad o los 300.000 kilómetros, incumpliendo así la normativa establecida por la propia Junta de Andalucía para la adquisición y renovación de vehículos.
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