HUELVA, 23 DE JULIO DE 2024.
Fertiberia lleva meses realizando los trabajos del proyecto Restore 2030 sin que conste la autorización de la Audiencia solicitada por la Abogacia del Estado.
El proyecto Restore 2030 “no puede ser considerado como una solución definitiva para la recuperación de las marismas”.
Huelva es víctima de las negligencias del Estado en el caso de las balsas de fosfoyeso.
Fertiberia lleva meses realizando los trabajos del proyecto Restore 2030 calificado de inadecuado por la Abogacía del Estado con la complacencia de los poderes públicos.
Fertiberia ha iniciado los trabajos del proyecto para clausurar las balsas de fosfoyesos el pasado mes de junio de 2023 tras informar a la Audiencia Nacional que contaba con “todos los permisos y autorizaciones necesarias para ejecutar el proyecto” según manifiestan sus representantes legales.
Sin embargo, esta redacción ha tenido acceso a las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado en julio de 2023 en las que afirma que “la idoneidad del Proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva debe ser confirmada por la Sala antes de que se inicie su ejecución”.
Hemos consultado con el presidente de la Asociación Mesa de la Ría de Huelva, Aurelio González, personado en representación de la organización, en el procedimiento de la Audiencia Nacional, quien afirma que no le consta notificación alguna que suponga una autorización de la Sala 1ª de la Audiencia para el inicio de las obras recogidas en el proyecto Restore 2030 de Fertiberia.
Ante estos hechos se plantean las siguientes posibilidades. En primer lugar, que la Audiencia no haya notificado a las partes su decisión de confirmar el proyecto “Restore 2030” de Fertiberia, en cuyo caso sería la primera vez que el órgano judicial no comunica a las partes las novedades en la causa judicial. Otra posibilidad es que Fertiberia hubiera recibido esta confirmación por parte del Ministerio de Transición Ecológica, al que se ha preguntado sin contestar a las consultas realizadas. La otra explicación posible es que Fertiberia haya iniciado el proyecto sin recibir la aprobación por parte de la Audiencia Nacional, que según el Abogado del Estado es quien tiene la última palabra para la confirmación del proyecto.
En todo caso, consta que la Audiencia Nacional no ha puesto objecciones al proyecto de Fertiberia ni ha contestado a las alegaciones que presentó la Asociación Mesa de la Ría sobre dicho proyecto, adoptando un papel de mero espectador cuando su deber es ser el garante de la legalidad en la defensa de la regeneración de las marismas.
Aún es más desconcertante este inicio de obras dado que Fertiberia afirma que “durante estos últimos meses las obras han recibido varias visitas de representantes de las distintas Administraciones públicas con competencia en su ejecución” que afecta al Gobierno Central y Autonómico habiéndose desarrollado “con absoluta cordialidad y en un contexto de franca colaboración”. Los representantes políticos que habrían visitado las obras son de Subdelegación del Gobierno en Huelva, Subdirección de Dominio Público Marítimo y Terrestre del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Delegación territorial del Servicio de Costas de Huelva y Sevilla, Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía.
Según Fertiberia, el Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva habrían dado el visto bueno a este proyecto después de que el 16 de junio de 2023 el Ayuntamiento onubense hubiera concedido la licencia “para la clausura y restauración de las balsas de fosfoyesos, Restore 20/30, sitas en Marisma del Rincón y Marisma de Mendaña”. Todo ello, a pesar de que el proyecto no constituye “una efectiva regeneración ambiental de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre ocupados por las balsas” que es lo que le exige a Fertiberia la sentencia del 27 de junio de 2007 de la Audiencia Nacional.
El proyecto Restore 2030 no puede ser considerado como una solución para la recuperación de las marismas.
El proyecto “Restore 2030” de Fertiberia no devuelve la marisma a su estado original porque los vertidos apilados sobre la misma permanecerán en el tiempo procediéndose únicamente al encapsulamiento de las balsas, y posterior revegetación de la superficie. De hecho, las alegaciones de la Abogacía del Estado mencionadas afirman que este proyecto “no puede ser considerado como una solución definitiva para la restauración y recuperación de las marismas afectadas por las balsas de fosfoyeso” aunque si valdría como “intervención de urgencia para minimizar los riesgos asociados a los residuos apilados en las balsas de fosfoyeso” Sobre este particular la Asociación Mesa de la Ría, en palabras de su presidente, Aurelio González, señala que " esta propuesta no es admisible ya que abriría la puerta a una consolidación, teniendo en cuenta las más de dos décadas que lleva el problema sin resolverse ".
Desde la Asociación Mesa de la Ría también se ha presentado alegaciones ante la Audiencia Nacional denunciando que una efectiva regeneración solo puede interpretarse como “la retirada de los residuos vertidos por la mercantil Fertiberia S.A” puesto que “las balsas están constituidas por el yeso; los terrenos de dominio público marítimo-terrestre están justo debajo de algunos cientos de millones de metros cúbicos de residuos de yeso, que es lo que hay que retirar para atender a la regeneración de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre ocupados por las balsas”.
Además, se apoyan en la doctrina del Tribunal Constitucional que establece claramente que “el mandato del constituyente quedaría burlado si el legislador obrase de modo tal que, aun reteniendo físicamente en el dominio público del Estado la zona marítimo-terrestre, tolerase que su naturaleza y sus características fueran destruidas o alteradas", como es el caso de que los residuos apilados permanezcan allí.
Esta misma Asociación afirma que el proyecto Restore 2030 es contrario a la ley porque perpetuaría la ocupación por parte de Fertiberia de la marisma después de haber perdido la concesión por el incumplimiento de las condiciones pactadas “En todos los casos de extinción de una concesión, el Estado debe decidir sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada" (artículo 72 de la Ley de Costas).
En el caso que nos ocupa difícilmente se podría optar por el mantenimiento de dichas obras porque éstas han sido la causa de la declaración de caducidad por su incompatibilidad con los criterios de ocupación establecidos en la Ley de Costas de 1988. Ha sido la defensa de la integridad física y jurídica de la marisma en que se asentaba la concesión lo que se constituyó en causa del expediente de caducidad. La no retirada de las citadas obras e instalaciones supondría la consolidación de una ocupación ilegal en un bien de dominio público digno de ser tutelado por las Administraciones y en el que no cabe ningún tipo de ocupación por sus características demaniales de imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad.
Las diferentes interpretaciones de lo que supone una “efectiva regeneración” tiene implicaciones económicas millonarias. El proyecto Restore 2030 propuesto por Fertiberia tiene un presupuesto de 65 millones de euros frente a los 2.500 millones que costaría retirar los residuos según un estudio realizado en octubre de 2010 por parte de la Junta de Andalucía.
Huelva es víctima de las negligencias del Estado en el caso de las balsas de fosfoyeso
Por otra parte, resulta legítimo cuestionar la actuación de las administraciones públicas desde el inicio de la concesión en 1968 hasta la actualidad en la que se evidencia un incumplimiento de su deber legal de velar por la observancia de la ley y por la defensa del interés público.
El mismo Consejo de Estado en un dictamen de su comisión permanente del 22 de julio de 2003 reconoce esta “lenidad” por parte de los poderes públicos, término que la RAE define como blandura en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas: “hay, además, una apreciable lenidad en la inspección continuada de esta concesión, que durante años ha funcionado a la vista, ciencia y paciencia, sin directa oposición de quienes estaban al cargo de la misma". Esta blandura hace referencia a la actuación negligente en su deber de vigilar durante el tiempo de la concesión por el cumplimiento de ésta y la no exigencia a Fertiberia de un plan de retirada de residuos para la regeneración efectiva de la marisma bajo las balsas de fosfoyeso.
Respecto del deber de la administración de sancionar conductas contrarias a la ley, La ley de Costas establece como infracciones graves “el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados”, “el riesgo para la salud o seguridad de vidas humanas”, “acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público” y “el daño o menoscabo de un bien de dominio público marítimo-terrestre a su uso” (artículos 90, 91 c, f, i). De hecho, en las alegaciones presentadas por la Asociación Mesa de la Ría ante la Audiencia Nacional se pone de manifiesto que “sobre una superficie de 7.200.000 m2, 3 metros de espesor de la capa y sin tener en cuenta los diques, las diferentes zonas de paso, maquinaria, etc., el volumen de material depositado no debería ser superior a 21,6 millones de m3. Si los cálculos estiman en 100 millones los m3 depositados, ello nos da que se ha multiplicado por 5 el uso conveniado. Además, sin ninguna reversión al Estado del terreno”.
Hay que recordar que Fertiberia fue sancionada con una multa de 10 millones de pesetas por parte del Servicio Provincial de Costas que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó en la sentencia de 22 de marzo de 2004. Sin embargo, desconocemos si la sanción de 10 millones de pesetas (equivalente a solo 60.000 €) ha sido abonada por Fertiberia. Hemos preguntado a la Dirección General de Costas sin haber recibido respuesta por el momento.
Iremos actualizando la información, además de ofrecerles recursos audiovisuales para conocer el caso en profundidad.
Agradecemos a Paco Rodríguez, socio de la Asociación Mesa de la Ría, el enorme trabajo de investigación y documentación que fundamenta esta información periodística, cuyo servicio desinteresado para defender los derechos de los onubenses es impagable.
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