HUELVA, 15 DE JUNIO 2024.
Los fiscales encargados del 'procés' en el Tribunal Supremo han decidido mantener su postura contraria a la amnistía de la malversación de fondos públicos, desafiando así la orden del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La discrepancia se debatirá el próximo martes en una Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano asesor del fiscal general en materia doctrinal y técnica.
García Ortiz ha ordenado esta mañana a los fiscales de Sala del 'procés' que informen a favor de la aplicación de la amnistía a todos los delitos, incluida la malversación, y que soliciten al Tribunal Supremo el levantamiento de la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. En su decreto de 133 páginas, García Ortiz argumenta que excluir la malversación de la amnistía contradice la voluntad del legislador y la ley, y que esta interpretación "conduce a soluciones difícilmente aceptables".
Los fiscales Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, encargados de la causa del 'procés', han reclamado una orden por escrito, invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público, que permite a los fiscales oponerse a las órdenes superiores que consideren improcedentes o contrarias a la ley. Como resultado, García Ortiz ha convocado formalmente a la Junta de Fiscales de Sala para el próximo martes.
En un comunicado dirigido al fiscal general, los fiscales del 'procés' afirman que sus argumentos no desvirtúan los criterios jurídicos plasmados en sus informes y que son insuficientes para legitimar la orden impartida. También señalan que el decreto del fiscal general compromete la imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal.
García Ortiz ha criticado los borradores de informe presentados por los fiscales del 'procés' por utilizar argumentos que "desbordan el plano estrictamente jurídico" y comprometen la neutralidad del Ministerio Fiscal. En su decreto, menciona que los fiscales calificaron la ley de amnistía como "absolutamente arbitraria" y cuestionaron la motivación detrás de su aprobación, lo que considera improcedente.
Además, García Ortiz argumenta que los fiscales del 'procés' no han examinado exhaustivamente la jurisprudencia relevante y han propuesto plantear una cuestión de inconstitucionalidad sin un análisis completo. Sostiene que la ley de amnistía ofrece una definición auténtica del concepto de "enriquecimiento" que no necesariamente coincide con la jurisprudencia previa.
El fiscal general concluye que la malversación debe ser considerada amnistiada siempre que los fondos públicos se hayan desviado exclusivamente para financiar la convocatoria o celebración de consultas relacionadas con el 'procés'. Sin embargo, si el responsable del delito persiguiera otras finalidades económicas o patrimoniales, la conducta no sería susceptible de amnistía.
La Junta de Fiscales de Sala decidirá el martes sobre esta controversia, en un momento crucial para la aplicación de la ley de amnistía y el futuro de la causa del 'procés'.
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