Deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con 40,6 millones de euros junto a otros cuatro excargos del sindicato, quienes han recibido penas de prisión de hasta tres años y medio.
HUELVA, 27 DE NOVIEMBRE 2024.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado sentencia condenatoria contra el exsecretario general de UGT-A, Francisco F.S., imponiéndole tres años de prisión y una multa de 50 millones de euros por delitos de fraude en subvenciones y falsedad en documento mercantil. La resolución, notificada hoy, también establece que deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con 40,6 millones de euros junto a otros cuatro excargos del sindicato, quienes han recibido penas de prisión de hasta tres años y medio.
El tribunal ha considerado probado que los condenados desviaron de forma fraudulenta más de 40 millones de euros en subvenciones públicas destinadas a cursos de formación para desempleados y trabajadores, utilizando estos fondos para fines propios del sindicato. La sentencia también declara a UGT-A como responsable civil subsidiaria del importe defraudado.
Condenas y medidas adicionales
Además de Francisco F.S., la sentencia afecta a otros excargos del sindicato, incluyendo a Federico F., María C., Enrique G. y Dolores S. Esta última, condenada como cómplice, deberá cumplir seis meses de prisión, pagar una multa de 25 millones de euros y tendrá prohibido recibir subvenciones públicas durante 18 meses. Los demás condenados afrontarán penas similares y sanciones económicas proporcionales a su implicación.
El tribunal, que aplicó la atenuante de dilaciones indebidas debido al tiempo transcurrido desde el inicio del caso, subrayó la "gravedad" del fraude y el impacto negativo en la sociedad. También destacó la "alarma social" generada por el uso indebido de fondos públicos destinados a programas sociales.
Detalles del fraude
Según la sentencia, los responsables emplearon varias estrategias ilícitas para justificar gastos inexistentes o inflados, ocultando descuentos y comisiones en facturas, y utilizando un sistema interno de control denominado "Spyro". Este mecanismo permitía presentar documentación falsa para justificar ante la Junta de Andalucía gastos que en realidad se destinaban a financiar actividades propias del sindicato, incluyendo salarios y mantenimiento de sus instalaciones.
Absoluciones y recurso pendiente
El fallo también absuelve a nueve acusados que actuaron como proveedores del sindicato al no quedar demostrado que conocieran el uso fraudulento de los fondos. Por otro lado, la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Este caso, uno de los más emblemáticos en Andalucía relacionado con el desvío de subvenciones, pone de manifiesto las irregularidades en el uso de fondos públicos y refuerza la necesidad de controles más estrictos en la gestión de ayudas destinadas a fines sociales.
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