HUELVA, 20 DE FEBRERO 2024.
El asesinato -no cabe definirlo de otra forma- de los dos guardias civiles en Barbate en el cumplimiento de su deber abre un debate tan incómodo como necesario. Especialmente tras conocerse que el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmanteló en 2022 la unidad dedicada a la lucha contra las mafias de la droga en Campo de Gibraltar. Y valorando que los socialistas europeos han votado en contra de la propuesta de que la profesión de Guardia Civil o de Policía Nacional sea considerada ‘de riesgo’.
Se trata, en el fondo, de una cuestión de valores y de psicología. Determinados grupos políticos e ideologías sencillamente odian a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y, como no pueden alegrarse públicamente cuando sucede una tragedia, camuflan este desprecio bajo el manto de un falso humanitarismo, que siempre va en favor del delincuente y nunca para las víctimas, los que se encargan de luchar contra el crimen, y sus familias. De otra forma es inexplicable la escasa dotación económica que para pelear contra la delincuencia común y organizada se destina en España. Lo que convierte directamente en un suicidio la labor de los agentes y en eventualmente homicidas las órdenes de actuar sin los medios adecuados. Camino a la muerte segura. Como ha sucedido en Barbate.
No es que el ministro deba dimitir -que debe- sino que desde las autoridades representativas de estos cuerpos es imperativo elevar la voz contra el Gobierno y exigir un apoyo más fuerte en la lucha contra los delincuentes. Lo que es inconcebible es que, desde la ciudadanía, se perciba que el sistema está diseñado más para mirar por estos que por las víctimas. Si una sistema político-legal no da una solución satisfactoria a quien sufre la perpetración de un delito y no se castiga el delincuente, ¿cabe exigir al ciudadano que acuda a los tribunales para exigir Justicia? La pregunta se responde por sí misma.
Lo que es indudable es que, de haberse contado con los medios adecuados, estos dos guardias civiles estarían vivos y sus familias no se hallarían en duelo. Y esto es responsabilidad del Ministerio del Interior y del Gobierno. Cabe ahora preguntarse si la disolución de la unidad especial contra el narcotráfico en la zona no habrá sido, como lo del Sáhara, una contrapartida otorgada a Marruecos debido al chantaje a causa del programa Pegasus, de origen israelí y utilizado por Rabat para extorsionar a La Moncloa.
Por lo pronto, Estados Unidos ya está cortando el grifo de los secretos militares con España, dada la fiabilidad de quienes actualmente se encuentra en el Poder…
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