HUELVA, 15 DE JUNIO 2024.
La Audiencia Nacional ha dictado una condena de 110 años de prisión para Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', y para Irantzu Gallastegui, conocida como 'Amaia', por el asesinato del concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño, ocurrido el 25 de junio de 1998 mediante la explosión de una moto-bomba. En el ataque, también resultaron heridos de gravedad un ertzaina que escoltaba al político y una mujer que se encontraba en la zona.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha encontrado a ambos acusados culpables de múltiples delitos, entre ellos asesinato terrorista, dos intentos de asesinato terrorista, lesiones terroristas, estragos, y tenencia, fabricación, transporte y colocación de artefacto explosivo con fines terroristas. Las penas específicas incluyen 30 años por el asesinato, 20 años por cada intento de asesinato, 20 años por las lesiones, otros 20 por los estragos y 10 años por la tenencia de explosivos.
Además de las penas de prisión, la Audiencia Nacional ha ordenado indemnizaciones significativas: medio millón de euros para Soledad Fernández Roperuelos, la viuda del concejal, y para cada uno de sus hijos, y 600.000 euros para el ertzaina que resultó herido y que sufrió una larga recuperación debido a las graves heridas, incluyendo una pérdida auditiva del 24%.
'Amaia' y 'Txapote', que además de ser pareja formaban parte del comando Donosti de ETA junto con Luis Gueresta (fallecido en 1999), recibieron instrucciones de la banda terrorista para asesinar a miembros del Partido Popular. En este contexto, fijaron como objetivo al concejal Manuel Zamarreño Villoria. Colocaron un explosivo en una motocicleta con metralla y la estacionaron en un lugar donde sabían que el concejal pasaría, asumiendo el riesgo de causar daño no solo a sus bienes, sino también a la vida de terceras personas, incluyendo al escolta policial.
El atentado fue reivindicado por ETA en un comunicado publicado el 17 de septiembre de 1998. Veintidós años después del asesinato, en 2020, Txapote y Amaia fueron procesados. En este caso, la acusación particular fue liderada por Naiara Zamarreño, hija del concejal asesinado, y su viuda, Soledad Fernández, con el apoyo de la Fundación Villacisneros y la representación legal de Carlos González Lucas.
Esta condena subraya el compromiso de la justicia española con la lucha contra el terrorismo y la reparación de las víctimas de ETA, cerrando un doloroso capítulo de la historia reciente del país.
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