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El Ayuntamiento de Almonte defiende una gestión de personal basada en el rigor técnico para mejorar la atención y los servicios públicos

  • Foto del escritor: Paco Morán
    Paco Morán
  • hace 19 horas
  • 3 Min. de lectura

HUELVA, 16 DE ABRIL DE 2026

El Ayuntamiento de Almonte ha defendido que la gestión de personal en la administración municipal se está desarrollando desde criterios de rigor técnico, legalidad y responsabilidad, en el marco del proceso de reorganización interna que el Consistorio está llevando a cabo para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.

En este contexto, el gobierno local explica que esta línea de trabajo busca clarificar funciones, ordenar recursos y dotar de mayor coherencia al funcionamiento diario de la administración, sin que ello suponga modificaciones sustanciales en las condiciones laborales del personal municipal.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que estas actuaciones responden a la aplicación de funciones y tareas ya contempladas en la estructura organizativa y en los instrumentos vigentes de ordenación del personal, dentro del funcionamiento ordinario de la administración.

En relación con la Mesa General de Negociación, el Consistorio recuerda que su convocatoria debe responder a la existencia de asuntos concretos que, conforme a la normativa, deban ser objeto de negociación. En este sentido, el equipo de Gobierno mantiene su disposición al diálogo dentro de los cauces establecidos y con pleno respeto a los procedimientos legalmente previstos.

Uno de los asuntos que más atención ha generado en las últimas semanas es la Valoración de Puestos de Trabajo. Sobre esta cuestión, el Ayuntamiento de

Almonte señala que comparte la importancia de contar con herramientas que permitan ordenar y actualizar la estructura del personal municipal, pero subraya al mismo tiempo que una medida de este alcance debe aplicarse con todas las garantías técnicas, jurídicas y económicas.

Los informes municipales existentes concluyen, en este momento, que no es posible avanzar en su aplicación en las condiciones actuales, al existir deficiencias que deben corregirse previamente y al no concurrir todavía los requisitos necesarios para hacerlo con seguridad jurídica y viabilidad presupuestaria. En otras palabras, el Ayuntamiento defiende que una decisión de este calado no puede abordarse de forma precipitada ni al margen de los informes técnicos, ya que afectaría de forma directa a la organización interna y al equilibrio económico de la institución.

En este sentido, el Consistorio remarca que cualquier paso en esta materia debe darse desde la responsabilidad y con una planificación realista, de manera que pueda compatibilizarse la mejora de la organización municipal con la estabilidad de las cuentas públicas y con el mantenimiento adecuado de los servicios que se prestan a los vecinos. El objetivo, por tanto, no es aplazar una cuestión importante, sino abordarla con seriedad, una vez queden subsanados los aspectos técnicos pendientes y exista un marco presupuestario que permita hacerlo con plena garantía.

En materia de salud laboral, el Ayuntamiento ha acordado la realización de un estudio de riesgos psicosociales a través del servicio de prevención, con el fin de analizar la situación desde datos objetivos y contar con una evaluación técnica que permita, en su caso, adoptar las medidas que resulten oportunas.

Asimismo, el Consistorio aclara que las comunicaciones internas recientes sobre los tiempos de descanso no responden a ninguna medida nueva, sino al recordatorio de normas ya recogidas en el Reglamento de Control y Presencia, aprobado en su momento en Mesa General de Negociación y posteriormente ratificado por el Pleno municipal. Por tanto, se trata de la aplicación ordinaria de una regulación ya vigente dentro del funcionamiento interno del Ayuntamiento.

Desde el equipo de gobierno han reiterado, por último, su compromiso con una gestión responsable y ajustada a la legalidad, centrada en reforzar la organización municipal, respetar los derechos y deberes del personal público y garantizar a la ciudadanía unos servicios públicos eficaces, ordenados y adecuadamente atendidos.

 
 
 

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