EL ESTADO DE DERECHO HA MUERTO

A los estudiantes que se examinan ahora para entrar en la Universidad: lo que se enseña sobre el Estado de Derecho en España ha dejado de existir.

HUELVA, 9 DE JUNIO 2025.

El Tribunal Constitucional se ha encargado él solito de confirmar la sensación que anida en el ánimo de muchos ciudadanos españoles. Pareciera que fue hace un siglo, pero en sólo un año el deterioro del Estado de Derecho en España ha sido abismal. Y, por desgracia y salvo giro de timón, irreversible.

En un año, un prófugo de la Justicia que hubiera de haber sido aprehendido nada más pasar la frontera se paseó libremente por las calles de Barcelona para luego volver a Waterloo y hacerle una peineta al Gobierno. En un año, se ha aprobado una Amnistía a todas luces prevaricadora a cambio de unos miserables votos. En un año, se han colonizado prácticamente todas las instituciones, se ha acosado a jueces y a policías para someterlos a los designios gubernamentales. En un año, los indicios criminales han sentado en el banquillo no sólo a los primeros espadas del actual líder del Ejecutivo, sino también a su entorno familiar más cercano. En un año, se ha fomentado la polarización social más irrespirable, se ha criminalizado a la mitad de la sociedad por el mero hecho de no seguir a pies juntillas las mentiras de la Moncloa. Y se han sacado de la manga instrumentos legales que abran la puerta amordazar a las redes sociales y a los periodistas díscolos.

Ahora, por si todo esto no fuera suficiente, un Tribunal Constitucional ampliamente dividido retoca la ponencia sobre la Amnistía, paso previo para hacer público su pronunciamiento legal. Un pronunciamiento que, lejos de guardar -como es su función- el control de constitucionalidad para ver si la norma está o no dentro del espíritu de la Constitución del 1978, lo que hará será validar la actuación del PSOE en este contexto, revistiendo como ‘ejercicio de concordia’ y ‘responsabilidad’ lo que nada más y nada menos que es una cesión política, cocinada por intereses políticos, e ignorante de manera absoluta de la falla de legitimidad jurídica que generará en el futuro sobre los ciudadanos.

Porque, a partir de ahora, no es sólo que cualquiera que desarrolla una conducta penalmente relevante y típica a efectos de nuestro Código Penal vigente podrá entender que, en función de intereses políticos, su punibilidad podría quedar en entredicho. Pero es que, es más: con el Indulto se impide el cumplimiento efectivo de la pena mientras que se deja intacta dicha responsabilidad penal; con la Amnistía desaparece esta responsabilidad penal porque nunca existió. Es decir, que nunca se cometió un delito, nunca se puso en marcha conducta alguna que atacara el Estado de Derecho. Y como no existió reproche penal alguno, pues todo se disuelve como el azucarillo.

Se apoye al Gobierno o no, nadie dudará de lo trascendental que es este mensaje. Y de su naturaleza mortal para la capacidad del Estado de Derecho y democrático para afirmarse a sí mismo e imponer el cumplimiento de las normas legales. Porque, aunque parezca olvidarse a veces, la Democracia no es sólo ir a votar de vez en cuando. Es respetar las leyes y respetar la Constitución. Es confiar en que todos somos iguales ante la Ley y que ningún criterio (ni la raza, ni el género, ni el color político) alterarán su aplicación sobre los ciudadanos con este mismo criterio igualitario. Tirar todo esto a la basura, y que además sea sancionado por una alta instancia de control constitucional deja claro lo bajo que ha caído España como democracia. Todo ello ante nuestras narices. Poco a poco. Y con la complicidad de muchos.