El fanatismo ambientalista de la Unión Europea vuelva impulsar una regulación destructora de la industria autóctona.
HUELVA, 20 DE DICIEMBRE 2024.
Aunque el Gobierno ha salido ante las cámaras sacando pecho y afirmando que, gracias a su habilidad negociadora, se ha podido rescatar algo que permita aliviar los soliviantados ánimos de los trabajadores y empresarios de la industria pesquera, la triste realidad es que al final se han acabado imponiendo los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Una quimera ideológica que, como todo lo demás en la denominada como Agenda 2030, persigue desmantelar el tejido productivo de los países miembros de la Unión Europea y terciarizar definitivamente sus economías. Algo impulsado por las élites estadounidenses y que cuenta con la complacencia de China. Pues saben que sólo las grandes potencias industrializadas son lo suficientemente fuertes como para imponer su voluntad dentro del concierto internacional.
Esta regulación, como muchas otras, consigue situar a trabajadores y empresarios tras la misma bandera. Pues condenar a todo un sector a una muerte lenta, haciéndole rehén de las subvenciones que aprueben los burócratas de Bruselas controlados por los partidos políticos, no puede valorarse más que como un suicidio económico. Una muestra más de que algo anda muy mal en la UE, y de que este fanatismo ideológico absolutamente desquiciado lo único que hace es servir en bandeja de plata a los chinos la cabeza de los países comunitarios. No se olvide que China es el mayor productor mundial de placas solares, por lo que la descarbonización a marchas forzadas que nos quieren imponer tan sólo nos atará mucho más en corto a los deseos de Pekín. Washington, por su parte, sabe que con una Europa periférica y volcada al sector servicios no tiene competidor político ni económico en Occidente.
Por estas razones, nadie puede ocultar el daño terrible al sector pequero español que la normativa europea le va a suponer. Se calcula que cumplir con la Política de Pesca Común (PPC) supondrá poner en riesgo 17.000 empleos, de los que 3.000 son directos. Pues la pesca de arrastre se considera perjudicial para la biodiversidad y los fondos marinos, razón por la que actualmente está limitada a sólo 140 días al año. Ahora, desde Bruselas se impone reducir estos días a 27, con las pérdidas laborales que se mencionan, y con un impacto económico que pasa por amortizar inversiones de 300.000 a un millón euros. Lo que en 27 días resulta inviable.
Al final, se podrán superar estos 27 días siempre que las empresas pesqueras adopten el nuevo material impuesto por la legislación, lo que a su vez implica inversiones difícilmente asumibles por el sector, y una dependencia aún mayor de las subvenciones comunitarias. Los únicos que ganan aquí son los constructores de estas nuevas redes de pesca ‘respetuosas’ con el medioambiente. Un negocio redondo, que permite sospechar que los lobbies que han presionado para imponer estas condiciones a la Pesca están al servicio de estas grandes empresas. Y que la Unión Europea, una vez más, falla a favor de los grandes capitales y en contra de los trabajadores y empresarios nacionales.
Lo más triste de todo esto es que supondrá el fin en la práctica de la pesca de arrastre en el Mediterráneo, con la consiguiente ruina de empresas, despidos masivos, bajadas de sueldo y encarecimiento de productos de primera necesidad. ¿Se puede culpar ahora a los trabajadores por que voten a partidos políticos euroescépticos?
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