HUELVA, 16 DE OCTUBRE 2024.
La reciente decisión de la Fiscalía de pactar con políticos corruptos en Aljaraque, limitando la pena por soborno a un año de prisión, plantea serias interrogantes sobre la integridad de nuestras instituciones. Este acuerdo, que absolvió a tres implicados en un escándalo que desvió una moción de censura, revela una preocupante tendencia hacia la impunidad.
Los concejales de Sí se Puede y el representante de CCOO, quienes aceptaron el soborno, se ven favorecidos por una pena reducida que, en lugar de ser un ejemplo de justicia, se convierte en una burla para la ciudadanía. La Fiscalía, al facilitar la suspensión de las penas, deja entrever una preocupante complacencia hacia la corrupción, enviando un mensaje destructivo: quienes traicionan la confianza pública pueden escapar de las consecuencias.
Este enfoque no solo deslegitima el sistema democrático, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Si la justicia se convierte en un mero juego de negociaciones, ¿quién protegerá al ciudadano común?
Es vital que la Fiscalía reevalúe su postura ante la corrupción. Los pactos que minimizan las penas solo perpetúan un ciclo de impunidad y desconfianza. La lucha contra la corrupción requiere un compromiso inquebrantable por parte de quienes están encargados de hacer justicia. La sociedad merece una justicia imparcial y firme, no un sistema que se pliega ante los intereses políticos de unos pocos. Solo así podremos aspirar a un futuro más justo y transparente.
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