HUELVA, 29 DE OCTUBRE DE 2024
Este órgano estima la impugnación de Mesa de la Ría y considera que su construcción producirá “daños de imposible reparación” en el paraje natural Marismas del Odiel
El Tribunal Central de Recursos Contractuales, máximo órgano encargado de resolver los recursos que se interponen contra las decisiones de las entidades contratantes del sector público, ha estimado la petición de Mesa de la Ría de suspender el procedimiento de licitación, puesto en marcha por la Autoridad Portuaria de Huelva, que pretende construir una nueva balsa para el depósito de los residuos procedentes del dragado de la Ría, dentro del paraje natural Marismas del Odiel.
Para Mesa de la Ría, el procedimiento de licitación carece de multitud de informes y autorizaciones necesarias, en su mayoría de carácter medioambiental, pues el puerto de Huelva “otra vez olvida que no está por encima de la Ley y que, por tanto, no puede saltarse los necesarios trámites medioambientales que un proyecto de estas características precisa, máxime, cuando su construcción pretende llevarse a cabo en una zona protegida por la Red Natura 2000”, ha manifestado Juan Manuel Buendía, presidente de Mesa de la Ría.
El Tribunal ha considerado en la resolución remitida a Mesa de la Ría que “el análisis de los motivos que fundamentan la interposición del recurso pone de manifiesto que los perjuicios, que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación, por lo que procede suspender cautelarmente éste hasta el momento que se dicte la resolución del recurso”, quedando por tanto en suspenso la adjudicación y posterior construcción del recinto de residuos de dragados hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto.
Para Mesa de la Ría, dicho proyecto requiere previamente de la tramitación de una Autorización Ambiental Unificada ante la Junta de Andalucía, así como de diversos informes necesarios para la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental favorable. Por otro lado, a juicio de esta organización, se incumple además la legislación europea en materia de empleo de los fondos Next Generation para proyectos con impactos significativos en los espacios protegidos por la red europea Natura 2000.
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