Procedimiento judicial contra un exconsejero andaluz y dos investigados por un fraude de 20 millones en ayudas a extrabajadores de Delphi

El magistrado ha trasladado la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en un plazo de 20 días, decidan si solicitan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso.

HUELVA, 14 DE ENERO 2025.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha decidido continuar el procedimiento abreviado contra el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel R., y otros dos investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. La causa se centra en una subvención de 20,2 millones de euros otorgada en 2011 a la Fundación Universidad Empresa de Cádiz (Fueca) para la formación de extrabajadores de Delphi, la cual, según el juez, incluyó contrataciones ficticias y otras irregularidades.

El magistrado ha trasladado la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en un plazo de 20 días, decidan si solicitan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso. Entre los investigados figuran el exconsejero Manuel R., el representante legal de Fueca, Sebastián S.G., y el entonces rector de la Universidad de Cádiz, Diego S.M. El procedimiento contra otros cuatro encausados, incluido el exconsejero Antonio F., ha sido archivado por falta de pruebas concluyentes.

Según el juez, la subvención, destinada a mejorar la empleabilidad de los extrabajadores mediante formación, incluía como requisito su alta en la Seguridad Social a través de contratos simulados que no implicaban una verdadera relación laboral. Estos contratos, señala, tenían el único objetivo de cumplir el periodo de carencia necesario para que los beneficiarios accedieran a prestaciones sociales que, de otro modo, no les habrían correspondido.

El exconsejero Manuel R. habría concedido la subvención "sin estudios previos ni comprobaciones de legalidad", incluso cuando los cursos ya habían comenzado antes de la resolución oficial. Además, el juez apunta a un posible desvío de fondos públicos mediante subcontrataciones no autorizadas.

Esta decisión judicial marca un nuevo capítulo en la investigación del caso de los cursos de formación, que ha destapado graves irregularidades en la gestión de fondos públicos destinados a iniciativas laborales.