STOP SUCESIONES ALERTA DEL RIESGO DE UNA “DICTADURA FISCAL” CON EL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y PIDE AVANZAR EN LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

HUELVA, 13 DE ENERO DE 2026

La Asociación Nacional Stop Sucesiones, presidida por Eligio Taboada, ha mantenido en el día de ayer una reunión con los máximos responsables de la

Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, la consejera Carolina España, la viceconsejera y el secretario general de Hacienda.

Durante el encuentro, Stop Sucesiones ha trasladado a la Junta de Andalucía su profunda preocupación por el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Ministerio de Hacienda, advirtiendo de que su diseño puede derivar en una auténtica “dictadura fiscal”, al utilizar el sistema de financiación como un mecanismo de castigo contra las comunidades autónomas que ejercen su autonomía tributaria.

La asociación ha explicado que el núcleo del nuevo modelo reside en la redefinición de la denominada “capacidad tributaria”, incorporando el 100 % del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) al sistema de cálculo de la financiación autonómica. Este enfoque, en la práctica, penaliza financieramente a las comunidades que han decidido bonificar o reducir este impuesto, vaciando de contenido real la autonomía fiscal.

“No hace falta subir impuestos por ley cuando se convierte la financiación autonómica en un instrumento de coerción. Eso no es coordinación fiscal, es obediencia fiscal forzada y nos acerca peligrosamente a una dictadura fiscal”, ha señalado Eligio Taboada.

Stop Sucesiones ha identificado tres riesgos clave en la propuesta del Ministerio de Hacienda:

1.     Penalización de la nivelación

El modelo pretende computar la capacidad fiscal teórico, lo que se recaudaría sin bonificaciones,  para calcular el Fondo de Garantía, obligando a la Junta de Andalucía a elegir entre mantener la bonificación del ISD o perder fondos de nivelación, penalizando decisiones fiscales adoptadas democráticamente.

2.     Recentralización encubierta

Bajo una apariencia técnica, se intenta imponer un suelo fiscal de facto, vaciando de contenido el artículo 156 de la Constitución Española y la LOFCA, que reconocen la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

3.     Riesgo de confiscatoriedad y quiebra de la seguridad jurídica

La reintroducción indirecta del ISD rompería la seguridad jurídica de miles de familias andaluzas que han planificado su ahorro, herencias y continuidad empresarial bajo el actual marco de libertad fiscal.

La asociación ha respaldado su posición con datos económicos y fiscales objetivos:

Censo de contribuyentes: Desde la bonificación total del ISD, Andalucía ha registrado un saldo neto positivo de contribuyentes procedentes de otras comunidades, incrementándose la recaudación en el tramo autonómico del IRPF. La estabilidad fiscal es un factor clave para atraer residentes y empresas.

Ahorro y reinversión: El capital que no se detrae por vía sucesoria permanece en la economía real. Stop Sucesiones estima que por cada euro no recaudado en ISD se generan aproximadamente 1,40 euros en consumo e inversión dentro de la comunidad, gracias al efecto multiplicador.

2Continuidad empresarial y empleo: El 95 % del tejido productivo andaluz está formado por PYMES familiares. La bonificación del ISD es una de las políticas más eficaces para garantizar la continuidad de negocios y el mantenimiento del empleo, evitando cierres forzosos tras un fallecimiento.

Datos IACF 2025: El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2025, elaborado por la Fundación para el Avance de las Libertades (FundaLib) y la Tax Foundation, sitúa a Andalucía en 7.ª posición global en competitividad fiscal y como líder en fiscalidad de Sucesiones, confirmando además que el ISD apenas representa en torno al 0,6 % de la recaudación total, lo que lo convierte en un instrumento ineficiente y socialmente dañino. 

COMPROMISO Y AVANCE EN LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

En el marco de la reunión, Stop Sucesiones ha solicitado a la Junta de Andalucía un compromiso firme con los beneficios fiscales ya conseguidos en materia de Sucesiones y Donaciones, así como avanzar en las demandas trasladadas por la sociedad civil en los últimos años.

En particular, la asociación ha defendido la ampliación progresiva de los beneficios fiscales a los Grupos III y IV, equiparándolos en términos reales a los Grupos I y II, introduciendo el concepto de “ESPECIAL VINCULACIÓN”, aplicable a aquellos supuestos en los que exista una relación estrecha, continuada y acreditada de carácter familiar, convivencial o de dependencia personal o económica con el causante.

Stop Sucesiones considera que este criterio permitiría adaptar la fiscalidad a la realidad social y familiar, evitando discriminaciones injustificadas y reconociendo situaciones en las que hermanos, sobrinos u otros parientes han desempeñado funciones equivalentes a las de los Grupos I y II, especialmente en contextos de cuidado, convivencia prolongada o apoyo vital continuado.

Para Stop Sucesiones, la denominada “armonización fiscal” impulsada por el Ministerio de Hacienda no busca la eficiencia ni la equidad, sino la uniformidad en la ineficiencia fiscal, utilizando la financiación autonómica como herramienta de coerción política.

La asociación ha valorado positivamente la disposición al diálogo mostrada por la Junta de Andalucía y ha solicitado una audiencia con el Presidente de la Junta, con el fin de trasladarle directamente este análisis y la preocupación existente por las consecuencias económicas, sociales y jurídicas del nuevo modelo de financiación autonómica.

Lo que dice Eligio Tabaoda, presidente de Stop Sucesiones

El Gobierno de Pedro Sánchez y su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el pasado 9 de enero de 2026 su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica. Bajo un lenguaje técnico, plagado de eufemismos como “capacidad tributaria”, “nivelación” o “corresponsabilidad fiscal”, se esconde una realidad mucho más simple y preocupante: una armonización fiscal encubierta que vacía de contenido la autonomía tributaria de las comunidades autónomas y reabre, por la puerta de atrás, impuestos que la sociedad civil había conseguido desactivar democráticamente.

El eje central del nuevo modelo es la redefinición de la llamada capacidad tributaria de cada comunidad. ¿Qué significa esto? Que el dinero que el Estado asignará a cada territorio dependerá, en gran medida, de lo que Hacienda considere que esa comunidad podría recaudar si aplicara determinados impuestos con la máxima intensidad. Y aquí está la trampa.

Por primera vez de forma explícita, el Gobierno incorpora el 100% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y también el Impuesto sobre el Patrimonio dentro de la “cesta” que sirve para calcular esa capacidad tributaria. No se trata de un matiz técnico: es un cambio estructural de enorme alcance político, fiscal y democrático.

Formalmente, el Gobierno no elimina la competencia autonómica sobre estos tributos. Pero en la práctica castiga financieramente a las comunidades que decidan bonificarlos o eliminarlos, reduciendo los recursos que recibirán del sistema común de financiación. Es decir, se mantiene la competencia en el papel, pero se penaliza su ejercicio. Eso no es autonomía fiscal: es obediencia fiscal forzada.

Durante años, regiones como Andalucía, Madrid, Galicia o Extremadura han avanzado hacia una fiscalidad más justa en materia de herencias, gracias a la presión social, a la movilización ciudadana y a un mandato claro de las urnas. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha sido, y sigue siendo, uno de los tributos más injustos del sistema español: grava rentas ya sometidas previamente al IRPF o al Impuesto sobre Sociedades y vuelve a castigar el ahorro a través del IBI, el Impuesto sobre el Patrimonio y la plusvalía municipal. No es doble imposición: es plurimposición.

Frente a esta realidad, el nuevo modelo no plantea una revisión honesta del gasto público ni un análisis del despilfarro estructural que sufren las administraciones. No se habla de embajadas autonómicas, de organismos paralelos, de empresas públicas ineficientes ni de redes clientelares sostenidas con dinero de todos. La única respuesta del Gobierno es siempre la misma: más recaudación, más presión fiscal y menos libertad para los contribuyentes.

El propio documento oficial reconoce que el sistema de nivelación horizontal ajustará los recursos de las comunidades hasta el 75% de la distancia respecto a la media de capacidad tributaria por habitante. Traducido: si una comunidad decide recaudar menos porque baja impuestos injustos, el sistema considerará que tiene margen para recaudar más y, por tanto, le recortará financiación. No hace falta subir impuestos por ley; basta con convertir la financiación en un mecanismo de castigo.

Esto supone una quiebra del principio de lealtad institucional y una traición directa al espíritu del Estado autonómico. La autonomía no puede ser condicional. No puede existir solo si se ejerce en la dirección que marca el Ministerio de Hacienda. Cuando el poder central utiliza la financiación como instrumento de coerción, entramos en lo que no es exagerado llamar una dictadura fiscal.

Una dictadura fiscal no necesita decretos autoritarios ni imposiciones explícitas. Le basta con diseñar un sistema en el que cualquier desviación del modelo oficial tenga un coste económico inasumible. “Eres libre para bajar impuestos, viene a decir Hacienda,  pero si lo haces, pagarás el precio”. Eso no es corresponsabilidad: es chantaje.

Desde Stop Sucesiones llevamos casi una década denunciando este tipo de maniobras. Sabemos que el objetivo último no es mejorar los servicios públicos ni garantizar la igualdad entre españoles, sino blindar un modelo de Estado sobredimensionado, incapaz de reformarse por el lado del gasto y dependiente de una presión fiscal creciente sobre clases medias, autónomos, familias y pequeños empresarios.

Conviene recordar un dato incómodo para el Gobierno: el Impuesto de Sucesiones y Donaciones apenas representa en torno al 0,6% del total de ingresos públicos. Sin embargo, su impacto social es devastador. Es el impuesto que obliga a renunciar a herencias, a vender viviendas familiares, a endeudarse para poder heredar. Es el impuesto que rompe el principio básico de justicia fiscal y que más rechazo genera entre los ciudadanos. Pretender multiplicar su peso, directa o indirectamente, no es una política responsable: es una provocación.

La fiscalidad del futuro debería ir en la dirección contraria a la que propone el binomio Sánchez–Montero: competitividad, confianza, atracción de inversión y respeto al ahorro. Sin crecimiento no hay redistribución posible; sin contribuyentes no hay Estado.

Hoy la fiscalidad es una herramienta clave de competitividad entre territorios. Los países y regiones que entienden esto avanzan; los que se aferran a modelos extractivos acaban expulsando capital, talento y empresas. España no puede permitirse seguir ese camino.

Desde Stop Sucesiones no nos oponemos a una reforma del sistema de financiación autonómica. Al contrario: llevamos años reclamándola. Pero exigimos que se haga con transparencia, con respeto a la autonomía fiscal real y sin utilizar la financiación como arma política. Exigimos conocer con claridad cómo computan exactamente el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio en la fórmula, qué efectos concretos tendrá sobre las comunidades que han bonificado estos tributos y qué garantías existen para que no se penalicen decisiones democráticas adoptadas por los parlamentos autonómicos.

Si el Gobierno persiste en este camino, tendrá enfrente a los ciudadanos. Tendrá enfrente a las familias que no quieren que heredar vuelva a ser un privilegio. Tendrá enfrente a quienes creen que el esfuerzo de toda una vida no debe ser confiscado por un Estado insaciable. Y tendrá enfrente a Stop Sucesiones.

Porque no se trata solo de impuestos. Se trata de libertad, de democracia y de respeto a la voluntad popular. Y en esos terrenos, no estamos dispuestos a retroceder ni un solo paso.