¿Qué les ocurre a los socialistas españoles en Europa?

El problema no es Europa. El problema es una Europa que actúa sin equilibrio ni respeto a los intereses de sus Estados miembros.

HUELVA, 29 DE MARZO 2025.

Los socialistas españoles en Europa,  la santa inquisición para España. La desconexión de los socialistas españoles en Europa y los estragos de una transición ecológica desmedida.

La última maniobra de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, evidencia una vez más el doble discurso de nuestros representantes en Bruselas. La misma ministra que bloqueó proyectos de minería de tierras raras en España —con la excusa de proteger el medio ambiente— ahora lidera su impulso desde Europa. Es decir, lo que en España se prohíbe, en Bruselas se promueve con entusiasmo.

Este nuevo giro revela algo más profundo que una simple contradicción: una peligrosa desconexión entre quienes ocupan cargos europeos y la realidad económica de los países que deberían defender. Ribera representa a España, pero actúa como si su única lealtad fuera con una élite europea ideologizada, completamente alejada de las necesidades productivas, energéticas e industriales de nuestro país.

La transición ecológica se ha convertido, en muchos casos, en una coartada para imponer decisiones que arrasan con sectores estratégicos, debilitan el empleo y subordinan la soberanía económica de los Estados a una burocracia supranacional sin contrapoder real. Y España, lejos de tener un papel proactivo, se ha situado en el vagón de cola, asumiendo restricciones más duras que otros países y renunciando a explotar sus propios recursos estratégicos.

La ecología no puede servir de excusa para destruir el tejido industrial.

Las tierras raras son esenciales para la transición energética, para las baterías, las turbinas eólicas, los vehículos eléctricos. Todos los países que aspiran a ser independientes en materia energética -y por tanto, soberanos- están asegurando su acceso a esos materiales. Pero en España, por motivos ideológicos, se cierran minas antes de abrirlas, y se aleja a inversores que podrían crear empleo y desarrollo tecnológico.

Y esto no es nuevo. Joaquín Almunia, excomisario socialista de Competencia de la Unión Europea, protagonizó uno de los episodios más lesivos para la industria naval española. Desde su despacho en Bruselas, impulsó la persecución del “tax lease” que permitía la viabilidad de nuestros astilleros, provocando una tormenta que dejó paralizado al sector durante años. Fue el Tribunal de Justicia de la UE quien terminó tumbando su decisión, reconociendo que España tenía razón. Pero para entonces, los daños eran ya irreparables: empleos perdidos, contratos anulados, y una industria debilitada frente a la competencia internacional.

Almunia no escuchó a España. Y Ribera tampoco lo hace ahora.

El problema no es Europa. El problema es una Europa que actúa sin equilibrio ni respeto a los intereses de sus Estados miembros. La transición ecológica debe ser un objetivo común, sí. Pero no puede convertirse en una cruzada ideológica que castiga a los países con menos peso político o económico en la UE, como ocurre con frecuencia con España. Ni puede avanzarse en esa transición destruyendo sectores enteros sin ofrecer alternativas reales. Porque una cosa es descarbonizar la economía, y otra muy distinta es desindustrializar a los países que no alzan la voz a tiempo.

España no puede seguir siendo el alumno obediente que asume sin rechistar normas impuestas, aunque contradigan su propio interés estratégico. Necesitamos una política exterior con dignidad, con visión nacional y con valentía para decir “no” cuando lo que está en juego es el futuro del país.

Hoy es la minería estratégica. Ayer fue la pesca. Antes de ayer, industria naval, el carbón o la agricultura. Mañana, ¿qué quedará?

¿Quién defiende a España en Europa? ¿Quién se planta por su gente, su industria, su empleo y su soberanía?