El Ayuntamiento de Aljaraque reprueba y exige la dimisión de 3 concejales de IU y PSOE

Los tres han sido condenados a un año de prisión, una multa de 1.100 euros y la inhabilitación para el ejercicio de cargo público municipal durante dos años y medio, además de un año de inhabilitación para el sufragio pasivo.

HUELVA, 14 DE ABRIL 2025.

El Partido Popular ha aprobado una moción en el Ayuntamiento de Aljaraque —donde ostenta el gobierno municipal— para reprobar a tres exmiembros del equipo de gobierno: Sebastián Rivero e Inmaculada Camacho, de Izquierda Unida, y Francisco Gómez, del PSOE. El motivo: su implicación política en los hechos que llevaron a un acuerdo con los concejales de Sí Se Puede Aljaraque que recientemente han sido condenados por un delito de cohecho.

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La moción de reprobación se produce tras la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, que condena a Pedro Escalante y Francisco José Martín, concejales de Sí Se Puede, y a José Luis Rodríguez, representante sindical de CCOO, como responsables de un delito de cohecho. Los tres han sido condenados a un año de prisión, una multa de 1.100 euros y la inhabilitación para el ejercicio de cargo público municipal durante dos años y medio, además de un año de inhabilitación para el sufragio pasivo. No obstante, la pena de prisión queda suspendida por dos años, al no tener antecedentes penales y tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Los hechos se remontan a diciembre de 2016, cuando el PP y Sí Se Puede presentaron una moción de censura contra la entonces alcaldesa del PSOE, Yolanda Rubio. Sin embargo, días después, y tras varias reuniones en las que participó el sindicalista José Luis Rodríguez —supuestamente actuando con el visto bueno del entonces presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo (PSOE)—, los ediles de Sí Se Puede desistieron de la moción.

Según se ha reconocido en sede judicial, en una de estas reuniones se ofreció a los concejales de Sí Se Puede la integración en el equipo de gobierno, una concejalía con cobro de dietas, y la contratación de la esposa de Francisco José Martín en la empresa Aguas de Huelva. Todo ello a cambio de retirar la moción de censura, lo que se formalizó al día siguiente. Escalante fue nombrado miembro de la Junta Local de Gobierno, y la esposa de Martín obtuvo el puesto laboral sin procedimiento público ni consulta al comité de empresa.

Este escándalo ha tardado más de siete años en resolverse judicialmente, periodo en el cual las grabaciones realizadas por un asesor de Sí Se Puede han sido pieza clave en el proceso. Finalmente, y tras reconocer los hechos, los acusados evitarán la cárcel al acogerse a las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.

La reprobación impulsada por el PP señala directamente a los ediles de IU y PSOE por su papel en el acuerdo de gobierno que sostuvo a Yolanda Rubio en la alcaldía tras la retirada de la moción de censura, señalando su "responsabilidad política" en un episodio que ha concluido con condenas penales por corrupción.